Una situación insostenible en las islas

La realidad en Canarias se ha vuelto insoportable para los servicios públicos y para la propia gestión de la tutela de menores. A fecha de este 28 de octubre de 2026, el archipiélago se encuentra atrapado en una encrucijada que el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, parece decidido a ignorar. La intención inicial del Ejecutivo autonómico de clausurar los macrocentros de menores migrantes, tras la reciente modificación de la Ley de Extranjería, ha quedado en papel mojado. La cruda realidad es que las islas mantienen bajo su tutela a 2.630 niños, niñas y adolescentes, una cifra que triplica la capacidad real de las instalaciones disponibles.

El fracaso de la solidaridad prometida

El repunte de llegadas registrado desde el pasado mes de septiembre ha terminado por dinamitar cualquier plan de descongestión. Con la entrada de otros 208 menores solo en el mes de octubre, los centros que debían ser instalaciones de tránsito temporal se han convertido en almacenes humanos. Es evidente que la supuesta 'solidaridad entre territorios' impuesta por ley no está funcionando, dejando a Canarias sola ante una emergencia que desborda sus capacidades sanitarias y sociales. Mientras tanto, el presidente regional, Fernando Clavijo, sigue esperando una respuesta de Moncloa que nunca llega, evidenciando la falta de compromiso del Ejecutivo socialista con las islas.

La exigencia de una respuesta inmediata

La tensión en las islas, especialmente en puntos críticos como El Hierro, es dramática. El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente la convocatoria de una Junta de Seguridad para analizar este repunte, una medida que el ministro Grande-Marlaska parece no tener entre sus prioridades. La gestión del Partido Socialista en esta crisis no solo es ineficaz, sino que resulta cruel al condenar a los menores a vivir en condiciones de hacinamiento extremo. Los ciudadanos canarios se preguntan hasta cuándo tendrán que soportar que sus recursos públicos sean drenados por una política migratoria nacional que carece de planificación, coordinación y, sobre todo, de humanidad hacia quienes llegan y hacia quienes ya residen en el archipiélago. La inacción de Sánchez no es solo un error político, es una negligencia que está costando el bienestar de toda una comunidad.