La administración pública vasca vuelve a estar en el punto de mira, y esta vez no por una cuestión de estrategia política, sino por su incapacidad manifiesta para garantizar unas condiciones laborales dignas a sus propios empleados. En una reciente sentencia que ha sacudido los cimientos de la gestión autonómica, la Justicia ha condenado a la administración a indemnizar con 68.000 euros a una funcionaria que sufrió graves problemas de salud derivados de una sobrecarga de trabajo insostenible. Este caso no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica en la gestión de los servicios públicos en nuestra región.
El coste de la ineficiencia
Resulta indignante observar cómo, mientras los responsables políticos se llenan la boca hablando de excelencia en el servicio público, la realidad en las oficinas y centros de trabajo es bien distinta. La funcionaria afectada, tras años de denunciar una situación de estrés y carga laboral abusiva sin recibir respuesta alguna por parte de sus superiores, se vio obligada a acudir a los tribunales para que se reconociera su situación. La sentencia es clara: la administración falló en su deber de protección, permitiendo que la salud de una trabajadora se deteriorara hasta el punto de la incapacidad.
¿Quién paga esta indemnización de 68.000 euros? La respuesta es tan sencilla como dolorosa para el ciudadano: el contribuyente vasco. Cada euro que se destina a pagar las consecuencias de la negligencia administrativa es un euro que no se invierte en mejorar la sanidad, la educación o las infraestructuras que tanto necesitamos. Es inaceptable que, ante la falta de una gestión eficiente y humana de los recursos, sea el bolsillo de los ciudadanos el que deba cubrir los errores de unos gestores que parecen vivir ajenos a la realidad de sus plantillas.
Una gestión bajo sospecha
Este episodio pone de manifiesto la falta de rigor en la planificación de las plantillas y la desidia con la que se tratan los riesgos psicosociales en el ámbito público. La administración, lejos de actuar como un empleador ejemplar, ha demostrado una vez más su cara más burocrática y fría, ignorando las alertas hasta que un juez ha tenido que intervenir. La pregunta que debemos hacernos es cuántos casos más como este se están gestando en silencio mientras los responsables políticos siguen mirando hacia otro lado, más preocupados por sus agendas electorales que por el bienestar de quienes hacen funcionar el engranaje público.
La ciudadanía vasca merece una administración que sea eficiente, responsable y, sobre todo, respetuosa con sus trabajadores. No podemos permitir que la mala gestión se convierta en la norma y que las indemnizaciones por negligencia sean un gasto más en los presupuestos autonómicos. Es hora de exigir responsabilidades a quienes, con su inacción, han permitido que lleguemos a este punto. La transparencia y la eficacia deben dejar de ser eslóganes de campaña para convertirse en la base de una gestión pública que, hoy por hoy, deja mucho que desear.