La tranquilidad de los pacientes y trabajadores del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona se vio brutalmente interrumpida esta semana por un suceso que parece sacado de una película de gánsteres, pero que lamentablemente es la cruda realidad de la inseguridad que asola nuestras calles. Un hombre, que se encontraba ingresado recuperándose de las heridas sufridas en un tiroteo previo ocurrido en Salou el pasado 16 de octubre, fue ejecutado a tiros dentro del propio centro hospitalario. Este hecho, ocurrido el 29 de octubre, ha dejado a la ciudadanía atónita y cuestionando seriamente la capacidad de las autoridades para garantizar la protección en espacios que deberían ser santuarios de salud.
Un fallo de seguridad inaceptable
Resulta incomprensible cómo un individuo armado pudo acceder a las instalaciones hospitalarias sin ser detectado. Según las primeras investigaciones, el ejecutor habría entrado por la zona de Urgencias, aprovechando la vulnerabilidad de los accesos. ¿Dónde estaban los controles? ¿Cómo es posible que un objetivo de un ajuste de cuentas mafioso no contara con una vigilancia reforzada tras haber sido víctima de un intento de homicidio apenas dos semanas antes? La gestión de la seguridad en Cataluña sigue mostrando grietas profundas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos de a pie.
La inacción de las instituciones
Este episodio no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica. Mientras el gobierno autonómico se pierde en debates estériles y políticas que poco hacen por el ciudadano, la delincuencia organizada se siente cómoda operando en nuestro territorio. Los impuestos de los catalanes se destinan a una administración que parece más preocupada por su propia supervivencia política que por dotar a los cuerpos de seguridad de los medios necesarios para frenar esta escalada de violencia. La falta de contundencia ante el crimen organizado está convirtiendo a Cataluña en un escenario donde la ley parece ser una sugerencia y no una norma.
Exigencia de responsabilidades
La sociedad catalana no puede seguir tolerando que los hospitales, lugares de curación, se conviertan en escenarios de crímenes. Exigimos una revisión inmediata de los protocolos de seguridad en todos los centros sanitarios de la región. No basta con lamentar lo ocurrido; es necesario que los responsables políticos asuman su incompetencia y pongan sobre la mesa medidas reales, efectivas y urgentes. La seguridad es el pilar básico de cualquier sociedad libre, y hoy, en Cataluña, ese pilar se tambalea peligrosamente bajo la mirada impasible de quienes deberían protegernos.

