La crisis de la vivienda en España ha alcanzado un punto crítico, y la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez se limita a maniobras parlamentarias de dudosa eficacia.
Tras el fracaso de sus decretos iniciales, que provocaron el adelanto electoral, el Ejecutivo ha convocado a la Diputación Permanente para el próximo 12 de noviembre con el objetivo de intentar salvar sus medidas estrella.
Esta fecha, elegida estratégicamente un día después de la huelga general convocada por los sindicatos, refleja la debilidad política de un Gobierno que se encuentra contra las cuerdas.
La intención de Moncloa es apurar los plazos legales para mantener en vigor unas medidas que, según la oposición, no han hecho más que agravar la inseguridad jurídica y la falta de oferta en el mercado del alquiler.
La gestión de la vivienda se ha convertido en el talón de Aquiles del Ejecutivo.
Mientras el precio de los alquileres sigue subiendo, el parque de vivienda pública es insuficiente para atender la demanda real de los ciudadanos.
En comunidades como Andalucía, la situación es dramática, con más viviendas destinadas al uso turístico que al alquiler residencial, una realidad que el Gobierno no ha sabido gestionar.
La oposición, encabezada por el PP y Vox, ya ha anunciado su rechazo a estos decretos, calificándolos de parches que no atacan el problema de fondo: la falta de suelo y la inseguridad jurídica.
La posibilidad de que los decretos vuelvan a decaer es real, lo que dejaría al Gobierno en una posición de absoluta irrelevancia política a las puertas de la campaña electoral.
El descontento social es palpable.
La huelga general del 11 de noviembre no es solo una protesta por la vivienda, sino un grito de auxilio ante una situación que afecta a miles de familias que no pueden acceder a un hogar digno.
La respuesta del Gobierno, lejos de ser autocrítica, se centra en el cálculo electoral y en la supervivencia política.
La ciudadanía observa con escepticismo cómo el Ejecutivo intenta utilizar las instituciones para fines partidistas, buscando una victoria parlamentaria que, de producirse, sería por un margen mínimo y sin el consenso necesario para resolver un problema estructural de esta magnitud.
