El modelo turístico de las Islas Baleares se encuentra en una fase de colapso evidente.
La saturación de las infraestructuras, la escasez de recursos hídricos y la degradación del entorno natural son las consecuencias de años de una gestión basada exclusivamente en el crecimiento cuantitativo.
Los residentes, que han protagonizado multitudinarias protestas a lo largo de este año, denuncian que la calidad de vida en el archipiélago se ha desplomado.
La inacción de las instituciones, tanto del Govern como de los Consells insulares, ha sido la tónica dominante.
A pesar de las advertencias de expertos y de la presión social, no se han adoptado medidas de calado para limitar el número de plazas turísticas o para reducir la presión sobre el territorio.
La política turística se ha reducido a una herramienta de propaganda, mientras el volumen de visitantes sigue batiendo registros que la isla no puede soportar.
La gestión de las protestas ciudadanas ha sido otro punto de fricción.
Las cargas policiales registradas en manifestaciones anteriores han dejado una herida abierta en la sociedad balear, evidenciando que el gobierno prefiere la represión antes que el diálogo sobre un cambio de modelo necesario.
La respuesta institucional, calificada en su momento como inaceptable, solo ha servido para aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes.
El impacto del turismo masivo no se limita a la vivienda; se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Los atascos kilométricos, la saturación de los centros de salud y la falta de personal en servicios esenciales son el resultado de una planificación inexistente.
El monocultivo turístico ha dejado a las islas en una posición de vulnerabilidad extrema ante cualquier crisis externa.
La falta de consenso político para abordar este problema es absoluta.
Mientras los partidos se culpan mutuamente, la realidad es que ninguno ha querido asumir el coste político de aplicar restricciones reales.
Esta parálisis es la que ha llevado a la población a tomar las calles, exigiendo un futuro donde el turismo no sea sinónimo de destrucción del entorno y expulsión de los residentes.
La situación en Baleares es un espejo de lo que ocurre en otros puntos de España.
La incapacidad de los gestores públicos para regular un sector que se ha vuelto contra sus propios ciudadanos es el mayor fracaso de la política turística actual.
Sin un cambio radical en la gestión, el colapso de los servicios y la degradación social parecen inevitables.
