En una reciente sentencia que sienta un precedente sobre la veracidad documental en el ámbito laboral, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria ha cerrado la puerta a las pretensiones de un trabajador que buscaba lucrarse mediante el uso de nóminas falsas.
El caso, que involucra a un portero de discoteca, pone de manifiesto los riesgos legales de manipular documentos salariales para fines ajenos a la relación laboral.
El conflicto surgió cuando el empleado, tras la extinción de su contrato, reclamó una indemnización calculada sobre un salario superior al que realmente percibía.
El trabajador había solicitado previamente a su empleador que 'inflara' sus nóminas para poder cumplir con los requisitos económicos exigidos por un arrendador para formalizar un contrato de alquiler, una práctica que, aunque común en ciertos sectores, carece de validez jurídica ante los tribunales.
El tribunal ha sido tajante al señalar que, a efectos de calcular la indemnización por despido, lo que prevalece es la realidad de los hechos y no la apariencia documental creada por las partes.
La sentencia subraya que el salario real, aquel que efectivamente se abona y se percibe, es el único parámetro válido para determinar las cuantías indemnizatorias, desestimando así el intento de utilizar el 'favor' del empleador como base de cálculo.
Esta resolución actúa como un aviso para aquellos trabajadores y empresas que recurren a la falsificación de nóminas para obtener beneficios externos, como la concesión de préstamos o alquileres.
El TSJ de Cantabria recuerda que la buena fe contractual y la veracidad de los documentos son pilares fundamentales que no pueden ser alterados sin consecuencias cuando surge un litigio laboral.
En definitiva, el fallo protege la integridad del sistema de indemnizaciones, evitando que se utilicen documentos creados con fines fraudulentos para distorsionar las obligaciones legales de la empresa.
La justicia laboral, una vez más, prioriza la realidad económica sobre los artificios documentales, dejando claro que el fraude en la documentación salarial puede volverse en contra de quien lo promueve.
