El sistema sanitario español atraviesa una crisis de sostenibilidad sin precedentes, agravada por un fenómeno que las autoridades prefieren ignorar: el turismo sanitario.

Según ha denunciado David Andina, Premio Nacional de Medicina y pediatra de urgencias, los hospitales públicos reciben semanalmente a pacientes sin ningún vínculo con España que acuden directamente a los servicios de urgencias, a menudo en horario nocturno, para ser atendidos.

Esta práctica, facilitada en ocasiones por agencias que lucran con el acceso a la sanidad española, supone un golpe directo a la viabilidad del sistema.

Cuando los médicos de guardia, que ya acumulan jornadas extenuantes de más de 14 horas, deben desviar su atención hacia estos casos no programados, el resto de los pacientes sufren las consecuencias.

La supervisión de residentes se descuida y los tiempos de espera para los ciudadanos que sí contribuyen al sistema se disparan.

La paradoja es evidente: mientras el gasto sanitario ha aumentado un 30% en los últimos años, la satisfacción de los usuarios se encuentra en mínimos históricos.

Los datos del Barómetro Sanitario 2026 reflejan que cuatro de cada diez españoles perciben que la sanidad ha empeorado, una cifra que no sorprende cuando se analizan las listas de espera y la falta de especialistas.

La gestión del Gobierno en esta materia ha sido calificada de insuficiente.

Las soluciones aplicadas hasta ahora no han logrado frenar el colapso de las urgencias ni mejorar la eficiencia en la atención.

La falta de control sobre quién accede a los servicios públicos y bajo qué condiciones está generando un efecto llamada que satura las infraestructuras hospitalarias.

Es urgente que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado y aborden este problema con rigor.

La sanidad pública es un derecho, pero su sostenibilidad depende de una gestión responsable que priorice a los ciudadanos y garantice que los recursos, que son limitados, se utilicen de manera eficiente y justa.

La denuncia de profesionales como Andina pone sobre la mesa la necesidad de un cambio de paradigma.

No se trata solo de inyectar más dinero, sino de poner orden en un sistema que, bajo la actual administración, parece haber perdido el control sobre sus propias capacidades asistenciales.