La campaña electoral que culminará el próximo 29 de noviembre ha arrancado bajo una sombra de sospecha sin precedentes para el PSOE.

Según informaciones publicadas por medios como Antena 3 y El Debate, no ha habido un solo día desde la convocatoria electoral en el que la justicia no haya notificado avances en las causas que comprometen al Ejecutivo y a figuras históricas del socialismo.

La presión judicial se ha intensificado con la investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en los fondos destinados a las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, un escándalo que ha llevado al PP a calificar al PSOE como un partido 'herido de muerte'.

La UCO de la Guardia Civil mantiene el foco sobre el entorno de Pedro Sánchez, con informes que vinculan a personas cercanas al presidente con tramas de corrupción.

A esto se suma la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre las presuntas irregularidades en las donaciones al PSOE, lo que ha provocado que la oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, exija una auditoría profunda de la gestión gubernamental.

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha sido contundente al afirmar que el Gobierno de Sánchez es el más 'corrupto y dañino' de la democracia, instando a los ciudadanos a convertir las urnas en un castigo contra el saqueo.

Mientras tanto, el Gobierno intenta mantener su agenda, aunque con resultados cuestionables.

El intento de utilizar el aparato estatal con fines propagandísticos ha sido denunciado por diversos sectores, especialmente tras el fracaso de la huelga electoral del pasado 11 de noviembre, que solo dejó episodios de violencia y un profundo descontento social.

La gestión de la vivienda, uno de los pilares del discurso gubernamental, ha sido calificada por la oposición como una burla a los ciudadanos, especialmente tras la convalidación de decretos que no han logrado frenar la crisis habitacional.

La situación en el Ministerio de Transportes, calificado por la oposición como 'la zona cero de la corrupción', sigue siendo un punto crítico.

Las explicaciones ofrecidas desde Moncloa sobre los vínculos de colaboradores cercanos al presidente han sido tachadas de insuficientes y evasivas.

La falta de transparencia ha alimentado la desconfianza de una ciudadanía que ve cómo los servicios públicos y los fondos europeos son objeto de investigaciones por malversación y fraude.

El clima de crispación se ha trasladado a los mítines, donde los partidos de la oposición han centrado sus mensajes en la regeneración democrática y la limpieza institucional.

Feijóo ha prometido que, de llegar al Gobierno, pondrá en marcha una auditoría inmediata para recuperar lo que, a su juicio, ha sido saqueado por el actual Ejecutivo.

Por su parte, Vox ha calificado al Gobierno de 'mafia corrupta', subrayando que la corrupción no es solo un problema de fondos públicos, sino que tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las familias españolas.

La inacción del Gobierno ante estos escándalos, sumada a la parálisis en la gestión de problemas estructurales como la vivienda y la seguridad, ha dejado al PSOE en una posición de extrema debilidad.

A pocos días de la cita electoral, la pregunta que sobrevuela el panorama político es si el desgaste judicial será el factor determinante que ponga fin a la legislatura de Pedro Sánchez.