La realidad económica española muestra grietas profundas que el Gobierno intenta ocultar bajo cifras macroeconómicas.

Según datos de Solunion, las insolvencias empresariales han repuntado un 22% durante el tercer trimestre de 2026, rompiendo la trayectoria descendente que se observaba en la primera mitad del año.

Este cambio de tendencia es un síntoma claro de la asfixia que sufren las pequeñas y medianas empresas ante la presión de los costes y la falta de liquidez.

El mes de septiembre fue especialmente crítico, registrando un incremento interanual de los concursos de acreedores del 58%.

Este dato no es un hecho aislado, sino la confirmación de un deterioro en la salud financiera de nuestro tejido productivo.

Las microempresas y pequeñas empresas concentran el 90% de estos procedimientos, lo que demuestra que el impacto de la crisis recae sobre los negocios más vulnerables.

El sector servicios, motor supuestamente resiliente de nuestra economía, ha acumulado 1.679 insolvencias hasta septiembre, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta cifra desmiente cualquier discurso triunfalista sobre la fortaleza del sector, evidenciando que la estructura de costes y la carga fiscal están expulsando a miles de emprendedores del mercado.

Resulta especialmente preocupante el aumento de concursos en empresas de mayor dimensión, que crecieron un 11% en el tercer trimestre.

Este fenómeno, calificado como el más elevado de la última década, amenaza con provocar un efecto dominó en las cadenas de suministro y pagos, agravando la incertidumbre para proveedores y trabajadores.

Ante este escenario, Solunion ha tenido que revisar a la baja sus previsiones para el cierre de 2026, estimando ahora unos 5.550 concursos de acreedores.

Esta cifra, lejos de ser un dato menor, representa el fracaso de las políticas de apoyo empresarial que, en la práctica, no han logrado evitar el cierre masivo de sociedades.

La burocracia y la carga fiscal, valoradas por los directivos como factores críticos de abandono de actividad, siguen siendo los grandes lastres que el Ejecutivo se niega a corregir.

Mientras las empresas cierran sus puertas, el Gobierno permanece impasible, ignorando que cada concurso de acreedores es una familia más que pierde su sustento y una oportunidad de crecimiento perdida para el país.