La seguridad digital de España se encuentra en una encrucijada crítica debido a la inacción gubernamental.
Mientras el resto de los socios europeos avanzan en la consolidación de un marco normativo robusto, España sigue sin culminar la transposición de la directiva NIS2, una norma que debería haber entrado en vigor en octubre de 2024.
Este retraso no es solo un descuido burocrático, sino una negligencia que compromete la resiliencia de nuestras infraestructuras críticas.
La situación ha alcanzado tal gravedad que la Comisión Europea ha presentado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La inobservancia de las fechas límite impuestas por Bruselas ha dejado a miles de empresas privadas de servicios esenciales en un limbo jurídico, sin las herramientas necesarias para protegerse frente a las crecientes amenazas híbridas.
El Gobierno, en lugar de priorizar la seguridad nacional, ha optado por una reforma del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) que ha sido ampliamente criticada por expertos.
Este planteamiento, centrado casi exclusivamente en el sector público, ignora la realidad de un tejido empresarial que requiere una protección integral frente a ciberataques cada vez más sofisticados.
La reciente convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha servido como excusa para suspender la tramitación de leyes básicas de ciberseguridad.
Esta parálisis institucional demuestra una falta de compromiso con la soberanía digital, dejando a España a la cola de Europa en materia de defensa frente a ataques externos.
Las fricciones burocráticas entre instituciones como el Incibe y el Mando Conjunto del Ciberespacio, lejos de resolverse, se han cronificado.
La falta de una estrategia coordinada bajo una ley nacional eficaz evidencia la incapacidad del Ejecutivo para gestionar los riesgos reales que enfrenta el país en el ciberespacio.
La industria y los expertos advierten que esta desidia no solo genera incertidumbre jurídica, sino que expone a la ciudadanía a riesgos evitables.
Mientras el Gobierno se pierde en anuncios y promesas, la realidad es que España sigue sin estar preparada para los desafíos de seguridad que exige el siglo XXI.
