Espana asiste este 11 de noviembre a un acontecimiento politico insito en la historia democratica reciente: una huelga general alentada y arropada por el propio poder ejecutivo.
Apenas a 18 dias de las elecciones generales fijadas para el proximo 29 de noviembre, el Gabinete de Pedro Sanchez no solo ha bendecido el paro convocado por las cupulas de CCOO y UGT, sino que ha procedido a vaciar de facto su agenda ministerial habitual en la jornada de hoy, reservando compromisos unicamente para asuntos exteriores inaplazables.
La singularidad de la protesta radica en el destinatario de las reivindicaciones.
Mientras que los paros generales han operado tradicionalmente como el maximo instrumento de friccion laboral y social frente a la gestion gubernamental de turno, en esta ocasion Moncloa y las centrales sindicales han coordinado el foco hacia terceros: las comunidades autonomas y una hipotetica futura gobernabilidad de los partidos de la oposicion.
El mensaje oficial busca transformar un clima de evidente tension economica y habitacional en un ariete electoral contra el Partido Popular y Vox.
Moncloa instrumentaliza la calle ante el 29-N
Desde el principal partido de la oposicion, Alberto Nunez Feijoo ha denunciado la existencia de una movilizacion de cariz preventivo y de caracter institucionalizado, subrayando que no existe precedente similar en el marco de la Union Europea donde un gobierno en funciones de campana apoye una paralizacion del pais dirigida a castigar a sus rivales parlamentarios.
En terminos parecidos se ha pronunciado Santiago Abascal, calificando la convocatoria de maniobra de auxilio a la candidatura socialista.
El repliegue del Consejo de Ministros durante esta jornada evidencia la calculada estrategia de Moncloa.
Al despojar el dia de actos publicos ordinarios, el Ejecutivo busca validar la consigna sindical y polarizar la campana en torno a la agenda social, diluyendo al mismo tiempo su propia responsabilidad tras ocho anos de gestion ininterrumpida de las politicas de vivienda, empleo y gasto publico.
El desenlace del 11-N dejara, mas alla del impacto real en los centros de trabajo y los transportes, un precedente inquietante en las relaciones entre el poder politico, las organizaciones sindicales subvencionadas y el ejercicio del derecho constitucional de huelga, convertido ahora en combustible de precampana electoral.
