La crisis de la vivienda en España ha alcanzado un punto de no retorno para los jóvenes.

Según un informe reciente de Eurofirms Group, menos de uno de cada diez jóvenes logra independizarse, mientras que el 46% de los menores de 30 años se ve obligado a permanecer en el hogar familiar por pura necesidad económica.

Este fenómeno no es casual, sino el resultado de años de políticas ineficaces y una gestión que ha ignorado el déficit estructural de vivienda, cifrado por el Banco de España en 750.000 inmuebles.

La falta de oferta asequible ha provocado que el alquiler se dispare en todo el territorio, haciendo imposible que los salarios precarios de los jóvenes puedan cubrir los costes de emancipación.

La situación ha derivado en un malestar social creciente, materializado en acampadas de protesta en ciudades como Santiago, Vigo y Madrid.

Los colectivos de inquilinos han convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre, denunciando que la vivienda se ha convertido en un bien de lujo inaccesible para la mayoría de la población.

Mientras tanto, el Gobierno intenta gestionar el descontento mediante decretos que han sido cuestionados por su falta de impacto real.

La estrategia del Ejecutivo de retrasar el debate parlamentario sobre vivienda hasta después de la huelga general es vista por muchos como una maniobra electoralista para evitar el desgaste antes de la campaña.

La realidad es que, lejos de mejorar, la crisis de confianza en la gestión pública se ha instalado en la sociedad.

Con un 55% de los ciudadanos insatisfechos con la democracia, la incapacidad para resolver un problema tan básico como el acceso a un techo digno se ha convertido en el mayor fracaso de la legislatura actual.