Un nuevo frente de conflicto social ha surgido en España: la proliferación de centros de datos.

Bajo la premisa de la digitalización, estas infraestructuras están siendo instaladas en diversos municipios, provocando una fuerte oposición vecinal debido a su impacto directo en los recursos básicos de las comunidades locales.

Colectivos ciudadanos han denunciado que estos centros, necesarios para el funcionamiento de la inteligencia artificial, consumen cantidades ingentes de agua y energía, lo que influye negativamente en la factura de la luz y en la disponibilidad de recursos hídricos para la población.

La falta de transparencia por parte de los ayuntamientos y de la Generalitat ha sido una constante, ocultando detalles bajo el pretexto de 'secreto empresarial'.

La complicidad de los gobiernos es uno de los puntos más criticados por los activistas.

Se acusa a las instituciones de facilitar la implantación de estas 'bestias del tecnocapitalismo' sin consultar a la ciudadanía y sin evaluar adecuadamente los daños ambientales y sociales que provocan en el territorio.

En municipios como Cerdanyola del Vallès, los planes de construcción superan con creces las necesidades locales, con un consumo energético que multiplica por diez el de toda la localidad.

Esta desproporción es vista por los vecinos como una imposición que beneficia a grandes corporaciones tecnológicas a costa del bienestar de los residentes.

Las acciones de protesta, que se han extendido por toda Europa, buscan visibilizar la necesidad de una mayor democracia en la gestión de estas infraestructuras.

Los activistas insisten en que la ciudadanía debe tener voz y voto sobre dónde y cómo se instalan estos centros, evitando que el desarrollo digital se haga a espaldas de la población.

La lucha contra los centros de datos es, en esencia, una lucha contra la concentración de poder y la falta de transparencia.

Mientras el gobierno y las administraciones locales sigan priorizando los intereses de las grandes tecnológicas, el conflicto social seguirá creciendo, poniendo en evidencia la fragilidad de un modelo de desarrollo que ignora las necesidades básicas de la ciudadanía.