La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido presentada reiteradamente como un éxito, pero los datos de la realidad económica cuentan una historia muy distinta.

Lejos de garantizar la estabilidad, la normativa ha provocado un efecto perverso en el mercado laboral: la duración media de los contratos se ha hundido hasta los 45 días.

Este dato, que refleja una rotación extrema, pone en evidencia que la precariedad no ha desaparecido, sino que se ha transformado.

El uso masivo de la figura del fijo discontinuo ha permitido maquillar las estadísticas de paro, pero ha ocultado un aumento del 78% en el número de trabajadores que, aunque tienen contrato, se encuentran en situación de inactividad, sin trabajar y sin cobrar.

La precariedad laboral no es un fenómeno aislado, sino que se extiende por todo el país.

En provincias como Málaga, la contradicción es evidente: mientras el paro registrado desciende levemente, la ocupación total cae, demostrando que el modelo económico sigue siendo profundamente estacional y dependiente de servicios de bajo valor añadido.

Los sindicatos han comenzado a movilizarse ante lo que consideran un fraude de ley encubierto.

La vulnerabilidad de los trabajadores, especialmente en sectores como la sanidad o los servicios, es cada vez mayor, con denuncias constantes sobre riesgos laborales y falta de medios que las administraciones parecen ignorar sistemáticamente.

El Ejecutivo, por su parte, se escuda en las cifras de la EPA para intentar sostener un relato de éxito que no se corresponde con la experiencia diaria de los ciudadanos.

La realidad es que el mercado laboral español sigue siendo una trampa de inestabilidad donde el empleo de calidad es la excepción y la precariedad, la norma.