La gestión de LaLiga vuelve a estar en el punto de mira tras revelarse que la autoría y supervisión de 1.352 informes contra bares y restaurantes podría ser fraudulenta.

Según la información publicada, se cuestiona el uso de firmas de tres verificadores sin su consentimiento explícito en documentos utilizados para sancionar a locales por emitir fútbol sin licencia.

La organización presidida por Javier Tebas ha rechazado categóricamente estas acusaciones, asegurando que cuenta con pruebas de que los auditores eran plenamente conscientes del uso de sus rúbricas.

No obstante, la existencia de litigios previos con algunos de estos profesionales añade una capa de opacidad a un proceso que afecta directamente a cientos de pequeños empresarios.

Este escándalo se suma a la ya tensa relación entre la patronal y diversos sectores de la sociedad civil.

La utilización de estos informes para iniciar procedimientos sancionadores ha generado una ola de críticas sobre los métodos de control y fiscalización que emplea la entidad para proteger sus derechos de explotación.

Aunque LaLiga ha anunciado que tomará las medidas legales que considere oportunas, la sombra de la duda sobre la integridad de sus expedientes ya está instalada.

Los afectados por estas posibles irregularidades se preguntan ahora si las sanciones impuestas hasta la fecha carecen de validez jurídica.

Por el momento, la información disponible no permite confirmar la anulación automática de las multas, ya que cualquier consecuencia dependerá de las decisiones judiciales futuras.

Sin embargo, el daño reputacional para la organización es evidente en un momento donde su gestión es cuestionada desde múltiples frentes.

La opacidad en la gestión de estos expedientes refleja una forma de proceder que muchos consideran autoritaria.

Mientras el conflicto se traslada a los tribunales, el sector hostelero permanece en alerta ante lo que consideran una persecución desmedida basada en documentos cuya legitimidad está ahora bajo sospecha.