La implementación de la inteligencia artificial en España se ha convertido en un terreno sin ley donde la opacidad es la norma.

A pesar de los marcos regulatorios europeos, la realidad en el tejido empresarial español es que la inmensa mayoría de los sistemas de IA que toman decisiones sobre personas operan sin haber realizado la preceptiva Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD).

Sectores tan sensibles como la banca, los seguros y, especialmente, la selección de personal, están utilizando algoritmos de alto riesgo sin que exista una supervisión efectiva.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido que intervenir ante el incumplimiento sistemático de las obligaciones legales, evidenciando que el boom de la IA en España se ha producido sin las garantías necesarias para los ciudadanos.

El problema se agrava al observar que, aunque se han invertido miles de millones de euros en proyectos de IA, no existe una contrapartida regulatoria que asegure la ética y la seguridad de estos sistemas.

Las empresas, en su afán por automatizar procesos, han ignorado los riesgos de sesgos y discriminación que estas herramientas pueden perpetuar en el acceso al empleo o en la gestión de trabajadores.

La falta de inventario de los sistemas de IA utilizados por las empresas es otro de los grandes fallos.

Es imposible gobernar o auditar una tecnología que ni siquiera está registrada.

Esta negligencia empresarial, consentida por una administración que prefiere los titulares a la vigilancia real, deja a los ciudadanos indefensos ante decisiones automatizadas que pueden cambiar sus vidas.

Con la llegada de nuevas prohibiciones y la aplicación del Ómnibus digital, el escenario se complica aún más para unas empresas que no han hecho los deberes.

La gestión de riesgos y la seguridad de los proveedores siguen siendo asignaturas pendientes para una gran parte del sector privado, que ve en la normativa un obstáculo en lugar de una garantía de seguridad.

La situación es crítica: mientras se celebran jornadas y congresos sobre ciberseguridad, la realidad en las oficinas es que los datos personales se procesan bajo algoritmos opacos.

La falta de transparencia y la ausencia de sanciones ejemplares están permitiendo que la IA se convierta en una herramienta de exclusión social en lugar de un motor de progreso.