El sistema sanitario público español atraviesa una crisis de confianza y eficiencia, según los datos del último barómetro sanitario.
Aunque se han registrado ligeras mejoras en la atención primaria, la realidad en los hospitales es muy distinta: el tiempo medio para lograr una consulta con un especialista tras ser derivado ha empeorado, alcanzando los 139,58 días, frente a los 132,04 registrados anteriormente.
Este atasco en la atención especializada tiene consecuencias directas en la percepción de los ciudadanos.
Mientras que el sistema público sigue siendo la opción preferida para urgencias o médico de familia, el porcentaje de ciudadanos que elige la sanidad pública para acudir al especialista cae drásticamente hasta el 57,9%.
Un 40% de los pacientes opta ya por la sanidad privada ante la imposibilidad de obtener una cita en un tiempo razonable.
La salud mental es otro de los puntos negros del sistema, con una espera media que asciende a 95,49 días.
Esta situación refleja una falta de recursos estructurales que impide atender las necesidades de salud mental de la población, un área que debería ser prioritaria pero que se encuentra desbordada.
El barómetro también arroja datos sobre la percepción ciudadana respecto a las listas de espera.
Un 40,7% de los encuestados considera que el problema ha empeorado, mientras que solo un 8,2% cree que ha mejorado.
Esta visión negativa es especialmente intensa en las consultas de especialistas y en las pruebas diagnósticas, donde la insatisfacción es mayoritaria.
La resonancia magnética se mantiene como la prueba que más tiempo acumula en el sistema público, consolidando un atasco que afecta a miles de pacientes.
La incapacidad del sistema para gestionar estas pruebas diagnósticas es un claro ejemplo de la ineficiencia que sufren los usuarios a diario.
La situación descrita pone de manifiesto que, a pesar de los intentos por maquillar los datos, la realidad asistencial es de saturación y abandono.
La falta de una estrategia clara y de inversión suficiente está provocando que el sistema público pierda su capacidad de respuesta, obligando a los ciudadanos a buscar alternativas privadas para poder acceder a una atención médica básica.
