En un movimiento que ha sido calificado de tacticismo puro, el Gobierno de Pedro Sánchez ha fijado para este 12 de noviembre la votación de sus decretos de vivienda en la Diputación Permanente.
Esta fecha no es casual: se sitúa estratégicamente entre la huelga general del pasado 11 de noviembre y el inicio oficial de la campaña electoral para los comicios del 29N.
El Ejecutivo busca desesperadamente una victoria parlamentaria que le permita tapar el fracaso de su política de vivienda, que ha provocado una caída del 15% en la oferta de alquiler en regiones como Canarias.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido incapaz de articular una política coherente, limitándose a presentar medidas cosméticas que han sido rechazadas sistemáticamente por el Congreso.
La insistencia del Gobierno en llevar estos decretos a la Diputación Permanente, tras haber sido tumbados previamente, demuestra una falta de respeto por los cauces democráticos y una obsesión por imponer su agenda a cualquier precio.
La gestión de la vivienda ha sido uno de los puntos más críticos de la legislatura, con un Ejecutivo que ha preferido la confrontación y el marketing político antes que el diálogo con los sectores afectados.
La inacción durante ocho años en La Moncloa ha derivado en una crisis habitacional que afecta a miles de jóvenes y familias, quienes ven cómo el acceso a una vivienda digna se vuelve una quimera bajo las políticas socialistas.
El uso de la Diputación Permanente para convalidar decretos es visto por la oposición como una 'cacicada' que busca esquivar el bloqueo parlamentario.
El Gobierno, consciente de su debilidad, intenta forzar apoyos asimétricos, como el del PNV, para salvar una votación que es, en esencia, un intento de suturar la herida política abierta tras el traumático vuelco parlamentario de octubre.
Esta maniobra electoralista ignora las necesidades reales de los ciudadanos, que sufren las consecuencias de una inflación desbocada y una subida de impuestos que ha asfixiado a las familias.
Mientras Moncloa se preocupa por el calendario electoral y por cómo desplazar el foco de atención, la realidad de la calle es muy distinta: una crisis de vivienda que el Gobierno ha sido incapaz de gestionar.
La ciudadanía, cansada de las promesas incumplidas y de los escándalos que rodean al Ejecutivo, observa cómo el Gobierno utiliza las instituciones como herramientas de campaña.
La votación de este 12 de noviembre no es más que un reflejo de un Gobierno agotado, que prefiere el ruido mediático a la resolución de los problemas estructurales que aquejan a España.
