La sanidad pública andaluza vuelve a estar en el punto de mira tras las graves denuncias sobre el estado del Hospital Universitario de Puerto Real.

Según ha trascendido esta semana, la situación en el servicio de urgencias ha alcanzado niveles de saturación que los representantes políticos han calificado de "inhumanos".

El parlamentario andaluz Juan Cornejo ha anunciado que llevará el caso al Parlamento andaluz para exigir explicaciones al consejero de Salud, Antonio Sanz.

La denuncia se centra en la gestión de la Junta, a la que acusan de un desmantelamiento progresivo de los recursos públicos.

Los datos son alarmantes: pacientes que requieren ingreso hospitalario se ven obligados a permanecer en los pasillos o salas de urgencias durante más de 72 horas.

Esta espera prolongada no solo vulnera la dignidad de los enfermos, sino que pone en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los usuarios.

La falta de personal sanitario es, según los sindicatos y la oposición, el principal motor de este caos.

A pesar de la demanda asistencial, la administración mantiene salas cerradas, lo que agrava el embudo en las urgencias y genera una presión insoportable sobre los profesionales que aún permanecen en sus puestos.

Esta crisis no es un hecho aislado, sino un síntoma del deterioro de la sanidad pública en la región.

Mientras la Junta de Andalucía evita asumir responsabilidades directas, los ciudadanos sufren las consecuencias de una planificación deficiente y una falta de inversión real en infraestructuras críticas.

El Grupo Socialista ha registrado iniciativas parlamentarias para que el Gobierno andaluz rinda cuentas sobre por qué se permite que un hospital de referencia opere en condiciones de colapso permanente.

La ciudadanía, por su parte, exige soluciones inmediatas ante un sistema que parece haber perdido su capacidad de respuesta básica.