El pasado 11 de noviembre, España vivió una jornada histórica de movilización social con la primera huelga general en 14 años.
Cientos de miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades del país para protestar contra la crisis de la vivienda, el aumento desorbitado de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo.
La jornada, que paralizó sectores estratégicos, fue el reflejo de un malestar profundo que atraviesa a toda la sociedad.
La protesta, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por las principales centrales sindicales, puso de manifiesto que el alquiler medio en España consume casi la totalidad del salario mensual de una persona joven.
Con un déficit estimado de 750.000 viviendas, la situación se ha vuelto insostenible para gran parte de la población, que ve cómo el derecho constitucional a una vivienda digna es ignorado por las administraciones.
La jornada no estuvo exenta de tensión.
En ciudades como Madrid y Barcelona, las manifestaciones terminaron con cargas policiales, disturbios y más de 70 detenidos.
Los sindicatos han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza contra los piquetes informativos, anunciando acciones judiciales contra las autoridades por obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental.
El seguimiento de la huelga fue desigual pero significativo, con paros totales en sectores industriales y una reducción notable en el transporte público y la demanda eléctrica.
A pesar de los intentos de minimizar el impacto por parte de las patronales, la magnitud de las protestas ha dejado claro que la crisis habitacional es el principal problema que enfrenta la ciudadanía en la antesala de las elecciones generales.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, fue contundente al señalar que esta huelga es una respuesta directa contra el rentismo y contra todos los gobiernos, independientemente de su signo político, a los que acusa de ineficacia y falta de voluntad para frenar la especulación inmobiliaria.
La movilización ha servido para visibilizar que la paciencia de los ciudadanos se ha agotado.
Este estallido social es el resultado de años de políticas que han priorizado los intereses de una minoría rentista sobre las necesidades básicas de la mayoría.
La huelga del 11-N no es solo una protesta laboral, es un grito de auxilio de una sociedad que se siente abandonada por sus representantes y que exige un cambio radical en el modelo de vivienda y en la gestión de los servicios públicos.
