La gestión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a ser objeto de un duro escrutinio en el Congreso de los Diputados.

Durante la sesión de la Comisión de Cultura celebrada el pasado 30 de septiembre, diversos grupos parlamentarios presentaron proposiciones no de ley para reprobar su labor, denunciando una gestión marcada por el sectarismo y la falta de una estrategia seria para proteger el patrimonio español.

Los diputados de la oposición han criticado duramente que el Ministerio de Cultura se haya reducido a una política de gestos vacíos, centrada en redes sociales y en la imposición de una agenda ideológica que ignora la pluralidad de la sociedad española.

Se ha denunciado que, bajo el mandato actual, se exige silencio a los artistas que no se alinean con el pensamiento oficial, convirtiendo la cultura en una herramienta de exclusión en lugar de un espacio de libertad.

Durante el debate, se puso de manifiesto la precariedad en la que se encuentran numerosos bienes de interés cultural, como los órganos históricos, cuya conservación ha sido descuidada por el Ejecutivo.

Los parlamentarios han exigido que el Ministerio deje de tratar la cultura como un capricho presupuestario y comience a proteger de forma efectiva los archivos, museos y bibliotecas que conforman la memoria del país.

Asimismo, se ha cuestionado la deriva de un Ministerio que, según los portavoces, prefiere el ruido mediático a la gestión eficiente.

La crítica se extiende a la falta de apoyo real a los creadores y a la industria cultural, que se ven obligados a operar en un entorno donde la ideología prima sobre la calidad y la libertad de expresión.

El debate parlamentario dejó claro que existe un profundo malestar por la forma en que el Gobierno utiliza las instituciones culturales para fines partidistas.

La oposición ha reiterado que la cultura española es demasiado rica y diversa para ser encerrada en una única ideología, exigiendo un cambio de rumbo inmediato que devuelva la dignidad y la independencia al sector.

Finalmente, se ha instado al Ministerio a facilitar la información necesaria para identificar riesgos en el patrimonio y a colaborar de manera transparente, abandonando la política de confrontación que ha caracterizado la actual legislatura en materia cultural.