La reciente resolución judicial marca un precedente importante en materia de accesibilidad en edificios residenciales.
El conflicto surgió cuando una vecina, afectada por una sordera parcial, solicitó la instalación de un videoportero en su vivienda para poder identificar a las visitas, una petición que fue rechazada inicialmente por la comunidad de propietarios bajo diversos argumentos técnicos y económicos.
La afectada, ante la negativa de sus vecinos, decidió llevar el caso ante los tribunales, amparándose en la normativa vigente sobre propiedad horizontal y los derechos de las personas con discapacidad.
La sentencia ha dado la razón a la residente, estableciendo que la instalación no es un mero capricho estético o de confort, sino una herramienta esencial para garantizar su autonomía y seguridad dentro de su propio hogar.
El tribunal ha sido contundente al señalar que las comunidades de propietarios no pueden escudarse en mayorías simples para denegar obras que son necesarias para la accesibilidad universal.
Según el fallo, cuando una persona con discapacidad solicita una adaptación razonable, el interés colectivo de la comunidad debe ceder ante el derecho fundamental a la igualdad y a la vida independiente de la persona afectada.
Este caso pone de relieve las tensiones habituales en las juntas de propietarios, donde a menudo se prioriza el ahorro de costes frente a las necesidades de los vecinos más vulnerables.
La justicia ha recordado que la Ley de Propiedad Horizontal, en consonancia con la normativa de accesibilidad, obliga a realizar ajustes cuando estos son solicitados por personas con discapacidad, siempre que no supongan una carga desproporcionada.
La sentencia no solo obliga a la comunidad a asumir la instalación del videoportero, sino que también impone el pago de las costas procesales, enviando un mensaje claro a otras comunidades que se encuentren en situaciones similares.
La accesibilidad ya no es una opción sujeta a votación, sino una obligación legal que debe ser respetada para garantizar la plena integración de todos los ciudadanos en sus entornos residenciales.
