La burbuja de la inteligencia artificial tiene un coste oculto que las grandes tecnológicas se esfuerzan por esconder.
Una movilización europea sin precedentes, que ha tenido a España como uno de sus focos principales, ha denunciado que las promesas de sostenibilidad de la IA son, en realidad, un fraude.
Según los datos expuestos por los colectivos ciudadanos, las empresas del sector utilizan trucos contables para camuflar hasta el 85% de la contaminación real generada por sus centros de datos.
El impacto de estas infraestructuras en el precio de la luz y en las emisiones de CO2 es una preocupación creciente que el Gobierno ha intentado gestionar mediante un real decreto, calificado por el sector como 'inasumible'.
La realidad es que la construcción masiva de centros de datos para alimentar el entrenamiento de modelos de IA está tensionando la red eléctrica y consumiendo recursos hídricos de forma insostenible, mientras las empresas se escudan en informes de sostenibilidad que no reflejan la realidad operativa.
La IA ha sido vendida como una solución mágica, pero los datos demuestran que es un 'bluf' en términos de eficiencia.
La promesa de un impacto positivo en el empleo y en la economía se desmorona ante la evidencia de que estas infraestructuras solo sirven para concentrar poder y recursos en manos de unas pocas corporaciones.
La ciudadanía, consciente de este engaño, ha comenzado a exigir una moratoria en la construcción de estas instalaciones.
La falta de transparencia es absoluta.
Las tecnológicas se niegan a revelar el consumo real de energía y agua de sus servidores, escudándose en secretos comerciales.
Esta opacidad impide cualquier tipo de control democrático sobre un sector que está transformando el territorio y los recursos naturales sin rendir cuentas ante la sociedad.
La IA, lejos de ser una herramienta de progreso, se está convirtiendo en un lastre para la transición ecológica.
El Gobierno, por su parte, se encuentra atrapado en sus propias contradicciones.
Tras años de fomentar la inversión en IA sin establecer reglas claras, ahora intenta regular un sector que ya ha echado raíces profundas y que se niega a cumplir con las mínimas exigencias de sostenibilidad.
La ineficacia de las medidas gubernamentales es patente, dejando a los ciudadanos a merced de los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas.
La movilización social es el único contrapeso real ante este abuso.
La exigencia de reglas claras sobre el consumo de energía y agua no es solo una cuestión ambiental, sino una lucha por la soberanía frente a un poder tecnológico que opera por encima de las leyes nacionales.
La IA, tal como está planteada hoy, es un modelo extractivista que sacrifica el futuro de los recursos públicos en beneficio de un puñado de empresas que no asumen el coste de su propia contaminación.
