La burbuja de la inteligencia artificial tiene un lado oscuro que el Gobierno prefiere ignorar: el impacto devastador de los centros de datos.

España se ha convertido en el epicentro de una movilización europea contra estas infraestructuras, que consumen cantidades ingentes de energía y agua, tensionando los recursos públicos y elevando el precio de la electricidad para los ciudadanos.

Las organizaciones convocantes denuncian que las promesas de la IA son, en gran medida, un bluf.

Lejos de traer el progreso prometido, estas instalaciones se han convertido en un problema de primer orden para la sostenibilidad.

Los trucos contables de las grandes tecnológicas permiten camuflar hasta el 85% de la contaminación real que genera el entrenamiento de estos modelos de IA.

El Ejecutivo, a través de sus ministerios, ha intentado regular el sector con un real decreto que el propio sector ha calificado de 'inasumible'.

Esta falta de sintonía demuestra la incapacidad del Gobierno para gestionar una industria que impone sus condiciones por encima del interés general.

Mientras las eléctricas y las tecnológicas se benefician, el ciudadano de a pie sufre el encarecimiento de los servicios básicos.

La ciberseguridad también se ve comprometida en este escenario.

Conectar todo a la inteligencia artificial sin las debidas garantías es una imprudencia que aumenta la superficie de ataque.

La prisa por liderar una carrera tecnológica sin sentido está dejando de lado la seguridad y el bienestar de la población.

Es inaceptable que el Gobierno permita que estas infraestructuras se instalen sin una planificación rigurosa que proteja los recursos hídricos y energéticos de España.

La movilización ciudadana es un grito de auxilio ante una política que prioriza los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas sobre la salud ambiental y económica del país.

La realidad es que la IA, tal y como se está desplegando, es un modelo insostenible.

El Gobierno debe dejar de actuar como un comercial de estas empresas y empezar a defender los intereses de los españoles, exigiendo transparencia y responsabilidad ante un impacto ambiental que ya no se puede ocultar.