El Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado a la Diputación Permanente del Congreso para el próximo 12 de noviembre con el objetivo de someter a votación dos reales decretos-leyes de vivienda.

Esta fecha, situada en pleno arranque de la campaña electoral, evidencia la utilización partidista de una crisis social que afecta a miles de ciudadanos, según informan medios independientes.

La medida llega después de que los textos anteriores fueran rechazados en el pleno, provocando una inestabilidad política que desembocó en el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

La estrategia del Ejecutivo busca solapar el debate parlamentario con la huelga general convocada para el 11 de noviembre, intentando así activar a su electorado progresista ante la creciente indignación por la inasequibilidad de la vivienda.

Fuentes parlamentarias confirman que el Gobierno ha apurado los plazos legales para mantener sus decretos en vigor el mayor tiempo posible, a pesar de la falta de consenso y el rechazo previo de la Cámara.

La gestión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido objeto de críticas constantes debido a la ineficacia de las medidas propuestas, que no han logrado frenar el encarecimiento de los alquileres ni la proliferación de viviendas turísticas.

Mientras el Gobierno intenta vender sus decretos como una solución, la realidad en las calles es de movilización permanente, con acampadas en ciudades como Santiago y Vigo que exigen soluciones reales frente a la precariedad habitacional.

El uso de la Diputación Permanente para convalidar decretos que ya fueron tumbados refleja la debilidad parlamentaria de un Ejecutivo que se aferra al poder mediante decretazos.

Esta táctica, lejos de resolver el problema, profundiza la desconfianza ciudadana hacia unas instituciones que parecen más preocupadas por el cálculo electoral que por el derecho constitucional a una vivienda digna.

La situación se agrava con la incertidumbre jurídica que rodea a estas medidas, cuya aplicación depende de una convalidación que el Gobierno busca a toda costa.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de una política de vivienda que ha priorizado la propaganda sobre la gestión efectiva, dejando a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema ante el mercado inmobiliario.

El próximo 12 de noviembre será, por tanto, un termómetro de la capacidad del Gobierno para imponer su agenda en un Congreso fragmentado.

La oposición, por su parte, ha denunciado esta maniobra como un intento de convertir el Parlamento en un plató de campaña, ignorando el sufrimiento real de quienes no pueden acceder a un hogar en condiciones asequibles.