El Gobierno de Pedro Sánchez ha fijado para el próximo 12 de noviembre el debate y votación de sus decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.
Esta maniobra parlamentaria, que se producirá apenas un día después de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, busca desesperadamente un rédito electoral antes del inicio oficial de la campaña.
La gestión de la vivienda ha sido uno de los mayores fracasos del actual Ejecutivo.
A pesar de la aprobación de una Ley de Vivienda y múltiples paquetes de medidas, los precios de los alquileres han seguido escalando, expulsando a miles de familias de sus hogares.
La respuesta del Gobierno ha sido una sucesión de decretos que han sido tumbados repetidamente por la falta de apoyos parlamentarios.
La elección de la fecha no es casual.
El Gobierno pretende utilizar el debate parlamentario como un acto de propaganda para movilizar a su electorado, ignorando el malestar social que se ha manifestado en las calles.
Las acampadas de protesta en ciudades como Madrid, Santiago y Vigo son el reflejo de una ciudadanía que se siente abandonada por las políticas públicas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha intentado justificar la urgencia de estos decretos, pero la realidad es que el mercado inmobiliario sigue sin ofrecer soluciones asequibles.
La construcción de vivienda pública ha sido insuficiente y las medidas de control de precios han demostrado ser ineficaces para frenar la especulación.
El hecho de que el Gobierno dependa de la Diputación Permanente para convalidar sus textos demuestra la debilidad de su posición y la falta de consenso real.
La estrategia de estirar los plazos legales hasta el último momento es una táctica de supervivencia política que poco tiene que ver con la resolución del problema habitacional que sufren los españoles.
Mientras el Ejecutivo se centra en el cálculo electoral, la crisis de la vivienda se agudiza.
La falta de vivienda asequible y la precariedad en el acceso a la propiedad están convirtiendo a España en una sociedad de herederos, donde el derecho a una vivienda digna es cada vez más un privilegio inalcanzable para los jóvenes y las familias trabajadoras.
