El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse que más de 6.000 pacientes están pendientes de una intervención quirúrgica.
La plataforma Sanidad Pública Sí ha denunciado que estas cifras son el resultado de una gestión deficiente y de una estrategia de opacidad que busca ocultar la magnitud real del colapso sanitario en la provincia.
Según Pablo Oyágüez, médico e integrante de la asociación, la administración está separando los datos de las listas de espera para que el volumen de pacientes parezca menor de lo que realmente es.
Esta manipulación estadística impide conocer la situación real de los ciudadanos, muchos de los cuales llevan esperando más de 160 días para ser operados, con casos extremos que superan el año de espera.
La huelga de médicos y las dificultades internas del sistema han agravado una situación que ya era crítica.
La falta de personal y la mala organización han provocado la anulación de citas en especialidades como endocrinología, dejando a los pacientes sin contestación durante meses.
Esta desatención pone en riesgo la seguridad de los usuarios y aumenta la presión sobre un hospital que no logra recuperar la normalidad.
La plataforma ha reclamado una revisión profunda del modelo de gestión del HUBU, sugiriendo que la administración regional asuma temporalmente las actividades para garantizar la seguridad y la atención de los pacientes.
La preocupación por la falta de esterilización y otros problemas de seguridad en el centro ha sido otro de los puntos críticos señalados por los sindicatos y asociaciones.
El PSOE local ha calificado estas cifras de "demoledoras", subrayando que el incremento de pacientes en lista de espera es una prueba irrefutable del fracaso de las políticas sanitarias actuales.
La falta de transparencia y la incapacidad para resolver los problemas estructurales del hospital han generado un profundo malestar entre los profesionales y los usuarios.
La situación en Burgos es un reflejo de la crisis generalizada que vive la sanidad pública en España.
Sin una voluntad política real para reformar el sistema y dotarlo de los recursos necesarios, los pacientes seguirán siendo las víctimas de una gestión que prioriza la imagen sobre la salud de los ciudadanos.
