El caso Koldo sigue siendo una losa pesada para el Partido Socialista a escasas semanas de la cita electoral del 29 de noviembre.
Incluso desde sectores habitualmente cercanos al Gobierno, como el de Gabriel Rufián, se ha lanzado una advertencia clara: la corrupción puede pasar una factura electoral muy alta al PSOE.
La acumulación de escándalos, que afectan directamente al círculo personal del presidente Pedro Sánchez, ha generado un clima de desafección entre el electorado progresista.
La gestión de las tramas de comisiones ilegales y la implicación de figuras clave del partido han dejado al descubierto una red de intereses que choca frontalmente con el discurso de transparencia que el Ejecutivo intentó abanderar.
El malestar no es solo político, sino social.
La ciudadanía observa con estupor cómo las instituciones se ven salpicadas por investigaciones judiciales constantes.
La dimisión de cargos relevantes y la salida de figuras como el exministro Óscar Puente han dejado al Gobierno en una posición de extrema debilidad, incapaz de ofrecer explicaciones convincentes ante la opinión pública.
Además, la estrategia del Gobierno de perseguir a jueces y contrapoderes en lugar de asumir responsabilidades ha sido duramente criticada.
Esta actitud, lejos de calmar las aguas, ha profundizado la brecha entre el Ejecutivo y una sociedad que exige rendición de cuentas y rigor institucional.
El 29N se presenta, por tanto, como un examen de confianza.
El PSOE se enfrenta a la difícil tarea de competir en un escenario donde el desgaste derivado de los procedimientos judiciales es el protagonista absoluto.
La memoria del electorado, como apunta Rufián, será el factor determinante en una jornada que podría marcar el fin de una etapa.
La crisis de reputación es total.
Mientras el Gobierno intenta centrar el debate en otros temas, la realidad de los hechos judiciales y la sombra de la corrupción siguen marcando la agenda, dejando al PSOE en una situación de aislamiento político ante la inminente cita con las urnas.
