La seguridad alimentaria en Europa se enfrenta a una crisis de confianza tras la publicación de los últimos informes del Knowledge Centre for Food Fraud and Quality (KCFFQ).

Los datos revelan una red persistente de adulteración, falta de trazabilidad y comercialización de productos no aptos para el consumo humano que pone en riesgo la salud pública.

En España, la situación es alarmante.

Recientemente se han inmovilizado 186 toneladas de pescado congelado debido a un etiquetado incorrecto que ocultaba su origen real.

A esto se suman las más de 50 toneladas de alimentos decomisadas en Alicante por deficiencias graves en el almacenamiento, manipulación y distribución, evidenciando fallos críticos en los controles de seguridad.

El fraude alimentario, definido como la violación intencionada de la legislación para obtener un beneficio económico, se ha extendido por todo el continente.

En Italia, las autoridades han intervenido 2,5 millones de litros de vino con certificados de origen falsificados y han desmantelado redes de distribución de carne caducada, mientras que en Bélgica, el juicio contra la empresa Veviba por reetiquetar carne en mal estado ha sacudido al sector cárnico europeo.

La falta de trazabilidad es el denominador común en la mayoría de estos casos.

Productos pesqueros procedentes de China sin documentación, frutas con residuos de pesticidas por encima de los límites legales en Rumanía y la incautación de toneladas de verduras de contrabando en Bulgaria demuestran que las fronteras son vulnerables a la entrada de mercancías peligrosas.

El engaño al consumidor es el motor de estas prácticas.

Ya sea mediante la adulteración de aceite de oliva con productos de menor calidad o el reenvasado fraudulento de té, los delincuentes aprovechan las lagunas en la vigilancia para maximizar sus beneficios a costa de la salud de los ciudadanos.

La falta de una definición única y contundente de fraude alimentario a nivel europeo complica aún más la persecución de estos delitos.

La persistencia de estos incidentes subraya la necesidad de un endurecimiento de las inspecciones y una mayor transparencia en la cadena de suministro.

Mientras las autoridades sigan detectando toneladas de productos caducados y manipulados, la seguridad alimentaria seguirá siendo una asignatura pendiente que requiere una respuesta firme y coordinada, lejos de la complacencia institucional.