El despliegue de la inteligencia artificial en España se ha convertido en un salvaje oeste tecnológico donde el dinero público fluye sin una contrapartida regulatoria clara.

Durante el año 2025, se inyectaron más de 2.300 millones de euros en proyectos de IA, pero los datos revelan una realidad preocupante: la inmensa mayoría de los sistemas que toman decisiones sobre personas carecen de las evaluaciones de impacto necesarias para garantizar la privacidad y los derechos fundamentales.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se enfrenta a un fenómeno que crece más rápido que su capacidad de control.

Sectores tan sensibles como la banca y los seguros están utilizando algoritmos para el 'credit scoring' o la valoración de siniestros sin que exista una transparencia real sobre cómo se toman estas decisiones.

Esta opacidad deja a los ciudadanos en una situación de indefensión absoluta frente a máquinas que pueden negarles un préstamo o un servicio sin una explicación humana coherente.

El ámbito laboral es, quizás, el más afectado.

Sistemas de IA se utilizan ya para la selección de personal y la gestión de trabajadores, afectando a promociones y condiciones laborales sin que las empresas hayan realizado la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) obligatoria.

Esta negligencia sistemática demuestra que el interés por la eficiencia tecnológica ha pasado por encima de la protección de los derechos de los trabajadores.

La falta de estadística oficial sobre cuántas empresas cumplen con la normativa es, en sí misma, una confesión de la falta de control.

El Gobierno se jacta de la inversión, pero ignora deliberadamente el vacío legal en el que operan estas herramientas.

Mientras se promociona la IA como un motor de progreso, se oculta que, en la práctica, se están vulnerando preceptos básicos del RGPD de forma generalizada.

La ausencia de una supervisión estricta permite que las empresas utilicen la IA como una caja negra para optimizar costes a costa de la transparencia.

Los sistemas de alto riesgo, que deberían estar bajo una vigilancia extrema, operan con una libertad que roza la ilegalidad, amparados por una administración que prefiere el titular de prensa a la fiscalización real.

Es urgente que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado y comiencen a sancionar el incumplimiento sistemático de las normas de protección de datos.

La tecnología no puede ser una excusa para la arbitrariedad, y el dinero de los contribuyentes no debería financiar sistemas que, lejos de ayudar, ponen en riesgo la seguridad jurídica y la dignidad de los ciudadanos.