La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido presentada como un éxito, pero los datos reales cuentan una historia muy distinta.

Lejos de garantizar la estabilidad prometida, la normativa ha provocado que la duración media de los contratos se haya hundido hasta los 45 días, consolidando un modelo de precariedad que afecta a miles de trabajadores españoles.

Uno de los puntos más críticos es el fenómeno de los fijos discontinuos, cuya cifra de personas en situación de inactividad se ha disparado un 78%.

Este colectivo, que en la práctica se encuentra en desempleo, es sistemáticamente excluido de las estadísticas oficiales de paro, lo que permite al Ejecutivo ocultar la verdadera dimensión del problema laboral en España.

El análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) revela que el mercado laboral está lejos de la robustez que pregona el Ministerio de Trabajo.

El número de ocupados que se ven obligados a buscar un empleo secundario para llegar a fin de mes ha alcanzado niveles históricos, superando los 600.000 trabajadores.

Esta es la prueba definitiva de que los salarios no cubren el coste de vida actual.

La precariedad no solo se mide en la duración de los contratos, sino en la calidad del empleo generado.

La proliferación de contratos de muy corta duración impide que los trabajadores puedan planificar su futuro o acceder a financiación bancaria, perpetuando un ciclo de inestabilidad que golpea especialmente a los jóvenes y a los sectores más vulnerables de la población.

El Gobierno ha utilizado la reforma laboral como una herramienta de propaganda, pero los resultados demuestran que el cambio de nombre en los contratos no ha mejorado la productividad ni la seguridad de los empleados.

La realidad es que el mercado laboral español sigue siendo uno de los más inestables de Europa, con una dependencia excesiva de sectores de bajo valor añadido.

Mientras el Ejecutivo se felicita por sus propias estadísticas, las familias españolas sufren las consecuencias de un mercado laboral que no ofrece oportunidades reales de carrera.

La falta de una estrategia seria para fomentar el empleo de calidad, sumada a la rigidez normativa, está condenando a una gran parte de la población a una precariedad crónica que el Gobierno se niega a reconocer.