La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria ha lanzado una voz de alarma ante el deterioro del sistema sanitario regional.

Según los datos más recientes, la comunidad presenta un escenario preocupante caracterizado por el aumento de las listas de espera y una creciente dependencia de la colaboración con empresas privadas, lo que, a juicio del colectivo, supone un avance en la privatización del servicio.

El informe destaca que Cantabria registra 24,92 pacientes pendientes de una operación por cada 1.000 habitantes, una cifra que se sitúa muy por encima de la media estatal, que se encuentra en 17,69.

Esta disparidad pone de manifiesto la ineficacia en la gestión de los recursos públicos y la incapacidad para dar respuesta a las necesidades de la población.

Existen, además, diferencias abismales entre los centros hospitalarios de la región.

Mientras que el hospital de Valdecilla presenta una espera media de 27,6 días, otros centros como Sierrallana alcanzan los 94,5 días, lo que evidencia una falta de equidad en el acceso a la salud dependiendo del lugar de residencia del paciente.

La Plataforma advierte que estas demoras, sumadas a las deficiencias en la atención primaria, están empujando a la ciudadanía hacia la asistencia privada.

Este trasvase de pacientes no solo supone un coste adicional para las familias, sino que debilita el sistema público, que debería ser el garante de la salud de todos los ciudadanos.

El colectivo ha denunciado la falta de transparencia y la mala gestión de los recursos, exigiendo medidas urgentes para revertir esta tendencia.

La defensa de la sanidad pública se ha convertido en una prioridad ante lo que consideran un desmantelamiento progresivo de los servicios básicos.

La situación en Cantabria es un reflejo de la crisis sanitaria que afecta a diversas regiones, donde la falta de inversión y la mala planificación política están comprometiendo el derecho fundamental a la salud.

La ciudadanía exige soluciones inmediatas que garanticen una atención digna y equitativa, lejos de los intereses privados que parecen ganar terreno en la gestión sanitaria.