El diagnóstico en Mallorca es desolador: la vivienda es inasumible, las playas están saturadas y los pueblos de costa han perdido su identidad bajo el peso de un monocultivo turístico descontrolado.
Esta situación no es fruto del azar, sino la consecuencia directa de una responsabilidad compartida por todo el espectro político, donde la propaganda ha sustituido al rigor necesario para gestionar el territorio.
Lejos de implementar medidas valientes para reducir el techo real de plazas, los gobiernos han mantenido las bolsas de plazas operativas como un mercado público de transacciones.
Esta gestión ha permitido que el volumen absoluto de visitantes siga batiendo récords, ignorando la presión insoportable sobre los recursos hídricos y la infraestructura de la isla.
La izquierda, cuando está en la oposición, utiliza la saturación como arma arrojadiza, pero en el gobierno ha mantenido vías abiertas para la reconversión de fincas rústicas, bajo la excusa de atraer un turismo de mayor poder adquisitivo.
Esta hipocresía ha dejado a los residentes en una situación de indefensión absoluta, viendo cómo su entorno se degrada día tras día.
El debate turístico en Baleares se ha convertido en una farsa donde ninguno de los bloques quiere asumir el coste político de un diagnóstico real.
Mientras se discuten condiciones estéticas, la realidad es que el modelo actual ha expulsado a los ciudadanos de sus propios pueblos, convirtiendo la vivienda en un bien de lujo inaccesible para la población local.
La falta de voluntad para limitar el uso turístico en zonas saturadas demuestra que los intereses económicos de unos pocos siguen pesando más que el bienestar de la mayoría.
La normativa turística se ha utilizado como una herramienta de propaganda identitaria, mientras la presión sobre la vivienda y los servicios públicos no ha dejado de crecer.
Es urgente abandonar la trampa de la aritmética turística y reconocer que el modelo actual ha llegado a su límite.
Sin una reducción drástica de la presión y una regulación estricta que priorice a los residentes, el futuro de las islas está condenado a la degradación total y al abandono de quienes realmente las habitan.
