La opacidad de OpenAI ha alcanzado un nuevo nivel.

A partir del 29 de noviembre, la compañía utilizará el contenido de las sesiones de su programa 'Daybreak Blue', diseñado para especialistas en ciberseguridad, para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Esta decisión se aplicará incluso a aquellos usuarios que hayan desactivado explícitamente la opción de mejorar el modelo, vulnerando la privacidad de los investigadores.

El riesgo es mayúsculo: estas sesiones contienen información sobre fallas de seguridad en productos de terceros, código de clientes y técnicas de ataque que aún no han sido reportadas ni corregidas.

Al integrar esta información en sus modelos, OpenAI convierte hallazgos críticos en datos de entrenamiento, lo que podría facilitar que la IA sea utilizada para explotar estas mismas vulnerabilidades en el futuro.

La reacción de la comunidad de ciberseguridad ha sido de indignación.

Investigadores han señalado que, con este cambio, los errores sin reportar pasan a ser propiedad de la empresa, exponiendo a miles de organizaciones a ataques automatizados.

A pesar de las promesas de OpenAI de ofrecer una opción de exclusión, los usuarios denuncian que no se han detallado los mecanismos ni las garantías de protección de estos datos sensibles.

Además, la empresa ha recortado el acceso a la API para individuos, obligando a los profesionales a migrar a cuentas empresariales si desean mantener sus herramientas de trabajo.

Esta maniobra no solo limita la capacidad de los investigadores independientes, sino que centraliza el control de la información de seguridad en manos de una única corporación tecnológica.

La falta de transparencia sobre si estos datos serán revisados por humanos o cuánto tiempo se conservarán aumenta la desconfianza.

OpenAI no ha aclarado si filtrará los hallazgos críticos antes de procesarlos, dejando a los expertos en una situación de indefensión total.

La empresa parece priorizar el crecimiento de sus modelos sobre la seguridad global de la red.

Este incidente es una muestra más de cómo las grandes tecnológicas operan bajo sus propias reglas, ignorando las preocupaciones de los expertos y poniendo en peligro la infraestructura digital.

La comunidad de ciberseguridad advierte que este tipo de prácticas son un riesgo sistémico que podría facilitar ataques a gran escala contra gobiernos y empresas.