La puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España continúa sumando tropiezos en los juzgados.
Lo que las corporaciones municipales vendieron como una transición ecológica modélica sigue viéndose empañado por la inseguridad jurídica y una gestión administrativa que hace aguas.
Según ha informado Autobild, la justicia ha asestado un nuevo golpe a estos perímetros de restricción al tráfico urbano.
En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sido el encargado de poner freno a los excesos sancionadores.
La resolución judicial ha provocado la anulación masiva de 13.600 multas impuestas a los automovilistas que accedieron indebidamente a las zonas delimitadas, dejando en evidencia las deficiencias del marco normativo local.
Un varapalo económico y de credibilidad para los consistorios
El impacto económico de la sentencia es directo para las arcas públicas.
Tal y como recoge el citado medio especializado, el ayuntamiento implicado tiene la obligación de devolver un total de 1.300.000 euros correspondientes a las sanciones cobradas de forma irregular.
La administración ya ha comenzado a retornar los importes a los conductores afectados.
Este nuevo dictamen reabre el debate sobre el carácter meramente recaudatorio que a menudo se achaca a estas restricciones.
Cuando los tribunales tumban las ordenanzas por defectos de forma o de tramitación, el ciudadano queda en una posición de indefensión tras haber abonado sanciones que finalmente se declaran ilegales.
Las ZBE no logran estabilidad jurídica
El revés en la comunidad andaluza refleja que las ZBE continúan sin levantar cabeza desde el punto de vista normativo.
Pese a las directrices de descarbonización, la falta de rigor técnico y jurídico de las ordenanzas municipales sigue generando un goteo constante de recursos ganados por los conductores.
Para el automovilista, el escenario resultante es de desconcierto absoluto.
Ante normativas mal redactadas y aprobadas con premura, la judicialización de las bajas emisiones sigue consumiendo recursos y obligando a devolver millones de euros que jamás debieron exigirse en vía administrativa.
