Los datos publicados en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) este 10 de noviembre exponen una realidad desoladora: el 34,7% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que supera ampliamente el 25,7% de la media española.
La región continúa soportando niveles de desempleo estructural que el Gobierno central no ha logrado corregir.
Con una tasa de paro del 14,9% en el tercer trimestre de 2026, Andalucía se mantiene como la comunidad autónoma con mayor desempleo del país, afectando especialmente a los jóvenes y a las mujeres, cuya tasa de paro alcanza el 17,3%.
La precariedad laboral y las dificultades de inserción son el pan de cada día para más de 640.000 personas desempleadas en la región.
Esta situación de vulnerabilidad se ve agravada por el encarecimiento del coste de la vida y la subida descomunal de los precios de la vivienda, que empujan a miles de familias a una situación límite.
Lo más alarmante es la gestión de los recursos públicos.
Mientras la pobreza aumenta, las previsiones para 2027 indican que los gastos vinculados a la deuda pública alcanzarán los 4.690 millones de euros, un aumento del 6,2%.
Esta cifra supera el presupuesto total de la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Familias.
La priorización del pago de la deuda sobre la atención a las necesidades básicas de la población es un reflejo de la política económica que se impone desde las instituciones.
El dinero que debería destinarse a combatir la exclusión social se desvía para cubrir los intereses de una deuda que sigue creciendo.
La brecha entre Andalucía y el resto del Estado no hace más que ensancharse, evidenciando el fracaso de las políticas de cohesión.
La falta de inversión productiva y el abandono de las políticas sociales dejan a la región en una situación de vulnerabilidad extrema, sin que el Gobierno central ofrezca soluciones reales a este drama social.
