Casi cinco años después de la entrada en vigor de la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, los resultados sobre la calidad del empleo son desoladores.

Lejos de la estabilidad prometida, las estadísticas muestran que la duración media de los contratos se ha desplomado hasta los 45 días, una cifra que evidencia la persistencia de una precariedad estructural que el Ejecutivo se niega a reconocer.

El fenómeno de los fijos discontinuos se ha convertido en el símbolo de esta gestión.

Según los datos analizados, el número de trabajadores bajo esta modalidad que se encuentran en situación de inactividad se ha disparado un 78%.

Esta cifra oculta una realidad laboral donde el empleo se fragmenta y la seguridad del trabajador queda supeditada a las necesidades coyunturales de las empresas, sin que el Ministerio de Trabajo ofrezca soluciones reales.

La reforma, que fue vendida como un hito histórico para acabar con la temporalidad, ha terminado por maquillar las cifras de paro mientras precariza las condiciones de vida de miles de trabajadores.

La rotación laboral se ha intensificado, obligando a los empleados a encadenar contratos de muy corta duración que impiden cualquier tipo de planificación vital o financiera a largo plazo.

Expertos en economía laboral señalan que este modelo de contratación no solo no ha resuelto el problema del desempleo, sino que ha creado una nueva clase de trabajadores 'invisibles' que, aunque figuran como fijos en las estadísticas, carecen de una ocupación efectiva y estable.

Esta situación es especialmente grave en sectores donde la estacionalidad es alta, pero se ha extendido a toda la economía.

La falta de una estrategia clara para fomentar el empleo de calidad ha dejado a los trabajadores a merced de un mercado laboral cada vez más volátil.

Mientras el Gobierno celebra sus datos de afiliación, la realidad en las oficinas de empleo y en las empresas es muy distinta: una precariedad que se ha institucionalizado bajo el amparo de una normativa que no ha cumplido sus objetivos.

El descontento social ante esta situación ha alcanzado niveles críticos, siendo uno de los motores principales de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Los sindicatos denuncian que la reforma ha sido un fracaso en términos de estabilidad y que la precariedad se ha convertido en la norma, dejando a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad extrema frente a la inflación y la crisis de vivienda.