Los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el mes de octubre confirman que la inflación en España no da tregua y se mantiene en el 4,9%.
Esta cifra, que se aleja drásticamente de la media de la zona euro, que se sitúa en el 4%, pone de manifiesto la incapacidad del Gobierno para controlar el coste de la vida.
El diferencial de nueve décimas respecto a nuestros socios europeos no es un hecho aislado, sino una tendencia que se ha consolidado entre julio de 2025 y septiembre de 2026.
Sectores clave como los servicios, la energía y los alimentos son los principales motores de esta subida, que está asfixiando a las familias españolas.
El Banco de España ha advertido en su informe trimestral de octubre que el IPC español está creciendo por encima de la media europea, impulsado en gran medida por el encarecimiento del gas natural y otros factores energéticos.
A pesar de esto, el Gobierno insiste en un discurso triunfalista que choca frontalmente con la realidad de la cesta de la compra.
El poder adquisitivo del trabajador medio ha caído un 3,8% desde 2018, una cifra que refleja el empobrecimiento progresivo de la población.
Mientras los precios suben, los salarios no logran seguir el ritmo, creando una brecha de desigualdad que el Ejecutivo parece ignorar por completo.
La situación es tan crítica que los sindicatos han convocado una huelga general para el 11 de noviembre, exigiendo medidas reales contra la inflación y el control de precios.
La protesta, que cuenta con miles de adhesiones, es un grito de auxilio ante un modelo económico que prioriza los márgenes empresariales sobre el bienestar de los ciudadanos.
La falta de medidas contundentes por parte del Gobierno para frenar esta escalada de precios demuestra una desconexión total con la realidad social.
Mientras el Ejecutivo se pierde en promesas incumplidas, las familias españolas siguen pagando las consecuencias de una gestión económica errática y carente de visión de futuro.
