La sanidad en Cantabria atraviesa un momento crítico, marcado por un aumento descontrolado de las listas de espera que sitúa a la región muy por encima de la media estatal.

Según el último informe de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, la comunidad registra 24,92 pacientes pendientes de una intervención por cada 1.000 habitantes, una cifra que contrasta drásticamente con los 17,69 de media en el resto del país.

Los datos son contundentes: entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el número de personas en lista de espera quirúrgica se disparó un 15%, alcanzando los 17.086 pacientes.

La demora media también ha sufrido un incremento, pasando de 135,5 a 150,5 días, lo que supone que los ciudadanos deben esperar, de media, 15 días más que hace un año para ser operados.

El informe también pone de manifiesto las graves deficiencias en pruebas diagnósticas y consultas externas.

En el caso de las endoscopias, la situación es especialmente alarmante, con una demora media que alcanza los 126,6 días en el conjunto del Servicio Cántabro de Salud.

Hospitales como Valdecilla presentan esperas que superan los 136 días para este tipo de pruebas, evidenciando una gestión ineficaz de los recursos públicos.

La Plataforma ha denunciado además las presiones ejercidas sobre los pacientes para que acepten ser derivados a centros privados, como el hospital Santa Clotilde o la clínica Quirón, bajo la amenaza de ser excluidos de las listas de espera públicas.

Esta estrategia de privatización encubierta ha sido objeto de críticas constantes, al considerar que se prioriza el negocio privado frente a la recuperación de la capacidad asistencial de los centros públicos.

La atención primaria tampoco se libra del abandono.

En diversas localidades, los consultorios han permanecido sin actividad durante periodos prolongados, dejando a núcleos de población sin asistencia sanitaria básica.

La falta de personal y la desatención en zonas rurales son, según los colectivos, una muestra más de la degradación del sistema.

Ante este panorama, la Plataforma ha exigido un cambio radical en las prioridades del Gobierno regional, denunciando que las políticas actuales solo sirven para precarizar el derecho a la salud.

La ciudadanía, bajo el lema 'Que no te roben la salud', continúa movilizándose para exigir soluciones reales a un sistema que, lejos de mejorar, se encamina hacia un modelo de dos velocidades que excluye a los más vulnerables.