La situación de la sanidad pública en Cantabria ha alcanzado niveles críticos, según los datos presentados por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública.

El informe revela que la comunidad cuenta con 24,92 pacientes pendientes de operación por cada 1.000 habitantes, una cifra que supera ampliamente la media estatal de 17,69.

Esta brecha evidencia el deterioro progresivo de la atención regional.

Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el número de personas en lista de espera quirúrgica aumentó en 2.214 pacientes, alcanzando un total de 17.086.

La demora media también se ha disparado, pasando de 135,5 a 150,5 días.

Este incremento de 15 días de espera media en apenas un año refleja la incapacidad del sistema para absorber la demanda asistencial.

El informe destaca disparidades alarmantes entre centros hospitalarios.

Mientras que en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla las endoscopias presentan una demora de 136,5 días, en otros centros la situación no es mejor, con esperas que superan los 120 días en diversas especialidades.

La falta de una gestión eficiente de los recursos públicos está provocando un cuello de botella insostenible.

La Plataforma ha denunciado explícitamente las presiones ejercidas sobre los pacientes para que acepten ser derivados a centros privados como Santa Clotilde o la clínica Quirón de Leioa.

Según el colectivo, se ha llegado a amenazar a los usuarios con la exclusión de las listas de espera si rechazaban el traslado a la sanidad privada, una práctica que cuestiona la ética de la gestión actual.

Aunque el consejero de Salud, César Pascual, reconoció la existencia de una circular que ordenaba estas derivaciones, las dudas sobre la transparencia del proceso persisten.

La ciudadanía se enfrenta a un sistema que, lejos de garantizar el acceso universal, parece priorizar el desvío de fondos públicos hacia el sector privado.

Este escenario no es aislado, sino que forma parte de una tendencia nacional donde la percepción de la sanidad pública sigue cayendo.

Con solo un 52,7% de la población satisfecha con el sistema, la gestión de las listas de espera se ha convertido en el principal foco de descontento social frente a la inacción de las autoridades competentes.