La sanidad pública vuelve a reconocer su incapacidad para gestionar la demanda asistencial.

En Soria, la Gerencia ha optado por externalizar 130 operaciones de cataratas a una clínica privada, con un coste de 89.000 euros, tras admitir abiertamente que no puede asegurar los objetivos de demora quirúrgica con sus propios medios personales y materiales.

Esta decisión, que se ha hecho pública esta semana, pone de relieve la precariedad estructural que sufren los hospitales públicos.

La externalización, presentada como una solución para reducir las listas de espera, es en realidad un reconocimiento de la falta de inversión y planificación en el sistema público, que se ve obligado a recurrir a fondos públicos para financiar la actividad de empresas privadas.

El plazo fijado para realizar estas intervenciones es de 45 días, un periodo que la sanidad pública no ha sido capaz de garantizar por sí misma.

Esta situación no es un caso aislado, sino que se suma a la tendencia generalizada de derivar pacientes a la privada ante el colapso de los quirófanos públicos, una estrategia que, lejos de solucionar el problema de fondo, debilita la capacidad de respuesta del sistema nacional.

Los sindicatos y colectivos sanitarios han criticado duramente esta política de parches.

Argumentan que, en lugar de invertir en la contratación de especialistas y en la mejora de las condiciones laborales para retener el talento, las administraciones optan por el desvío de recursos hacia el sector privado, lo que perpetúa la dependencia y la falta de autonomía de la sanidad pública.

La escasez de especialistas y la saturación de los servicios son problemas que se arrastran desde hace años sin que se hayan implementado soluciones efectivas.

Mientras tanto, los pacientes siguen sufriendo las consecuencias de una gestión que prioriza la externalización sobre el fortalecimiento de los centros públicos, dejando a miles de personas en listas de espera que no dejan de crecer.

La realidad es que el sistema sanitario se encuentra al límite.

La falta de personal, la saturación de las urgencias y la incapacidad para realizar intervenciones básicas en tiempo y forma son síntomas de una crisis profunda que requiere medidas urgentes, más allá de la simple derivación de pacientes a clínicas privadas que, en última instancia, no resuelven el déficit estructural del sistema.