El balance de los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez arroja un saldo de pérdidas irreversibles y una quiebra institucional sin precedentes.
La inoperancia de las estructuras de protección civil del Estado ha quedado en evidencia en múltiples ocasiones, desde la gestión de catástrofes naturales hasta la respuesta ante crisis de servicios esenciales.
La negligencia en la prevención y la lentitud en la llegada de ayudas han dejado a miles de ciudadanos en una situación de desamparo institucional.
Uno de los puntos más críticos ha sido la gestión de la soberanía en la frontera sur.
El colapso de las políticas migratorias y la falta de control han derivado en una crisis constante que el Gobierno ha intentado gestionar mediante acuerdos de última hora, sin abordar los problemas de fondo.
Esta inestabilidad se traslada también al sistema eléctrico, donde la política de transición energética ha comprometido la estabilidad del suministro, afectando gravemente a la industria electrointensiva y al transporte.
La calidad democrática también ha sufrido un deterioro notable.
El uso abusivo de los decretos-leyes y la presión sobre los contrapoderes han sido una constante durante esta legislatura.
La democracia, que no se reduce a ganar elecciones, requiere límites al poder y transparencia, dos elementos que han brillado por su ausencia en el entorno del Ejecutivo.
La rendición de cuentas ha sido sustituida por una estrategia de confrontación y ocultación de los escándalos que acechan al círculo íntimo del presidente.
La corrupción, que ha salpicado a los niveles más altos del Gobierno, ha terminado por erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La entrada de la UCO en organismos públicos y la imputación de personas cercanas al presidente han convertido la legislatura en un goteo incesante de escándalos que el Gobierno ha intentado tapar con demagogia internacional y actos de precampaña.
La gestión de las emergencias, como se vio durante la DANA extrema, ha demostrado que el Estado no está preparado para responder a los riesgos actuales.
La falta de coordinación y la burocracia han impedido que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan, dejando a las comunidades autónomas y a los ciudadanos a su suerte.
Esta inoperancia es, para muchos analistas, el reflejo de un Gobierno que ha priorizado sus intereses partidistas sobre el bienestar general.
En conclusión, el legado de estos ocho años es el de un país que ha visto cómo sus instituciones se debilitaban bajo el peso de la mala gestión y la corrupción.
La falta de una visión de Estado y la incapacidad para prevenir riesgos han dejado a España en una posición de vulnerabilidad, enfrentándose a un futuro incierto marcado por la quiebra de la confianza institucional.
