El tejido empresarial español atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Según datos recientes, el cierre de empresas ha repuntado un 22% durante el tercer trimestre de 2026, una cifra que pone en evidencia la insostenibilidad del modelo económico impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las insolvencias de grandes y pequeñas compañías han alcanzado niveles alarmantes, impulsadas por una combinación letal de cargas patronales, exigencias regulatorias excesivas y un incremento constante en los costes laborales.

La política económica del Ejecutivo, marcada por una intervención constante, ha terminado por asfixiar la rentabilidad de quienes generan empleo.

El coste de contratar trabajadores ha aumentado un 4% anual, según datos del INE, lo que, sumado a la maraña de más de 100 disposiciones regulatorias identificadas por la OCDE, ha dejado a muchas empresas sin margen de maniobra.

La previsión de insolvencias para el cierre de 2026 se sitúa en torno a las 5.550, una cifra que refleja la fragilidad del sector privado.

La falta de apoyo real a las empresas, que se enfrentan a dificultades crecientes para financiar sus operaciones, contrasta con la narrativa oficial del Gobierno.

Mientras Moncloa presume de estabilidad, la realidad en los polígonos industriales y oficinas es de cierre y liquidación.

Este deterioro no es casual, sino el resultado de una política económica que ha ignorado las advertencias de los expertos sobre la competitividad.

La presión sobre los empleadores ha alcanzado un punto de no retorno, donde la supervivencia de la empresa se ve comprometida por un marco legal que castiga la inversión.

La situación es especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas, que carecen de los recursos necesarios para adaptarse a la vorágine regulatoria impuesta desde el Ministerio de Economía.

El resultado es un goteo incesante de cierres que destruye el tejido productivo y condena a miles de trabajadores a la incertidumbre del desempleo.