España afronta este 11 de noviembre una huelga general de 24 horas, la primera en 14 años, convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.
El paro, que paraliza sectores clave, es el reflejo de una sociedad asfixiada por el precio de la vivienda, la inflación y la precariedad laboral que la reforma del Gobierno no ha logrado solucionar.
Lo que debería ser una protesta legítima contra la gestión gubernamental se ha convertido en un escenario de tensión política.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, consciente de la cercanía de las elecciones del 29 de noviembre, ha intentado capitalizar el descontento, provocando el rechazo de los propios movimientos sociales que se sienten utilizados.
Activistas del Sindicato de Inquilinas han denunciado abiertamente la estrategia de Moncloa, calificando a Sánchez como el "mago de la apropiación".
La huelga, que no responde a una reforma laboral concreta, es una respuesta desesperada ante la falta de soluciones reales a la crisis habitacional que afecta a miles de familias.
La precariedad laboral sigue siendo una constante.
A pesar de las cifras oficiales, la realidad es que la duración media de los contratos ha caído drásticamente y los fijos discontinuos en situación de inactividad se han disparado, evidenciando que la reforma laboral ha sido un maquillaje estadístico sin impacto real en la estabilidad del trabajador.
El Gobierno, en un intento por recuperar el control, llevará mañana 12 de noviembre sus decretos de vivienda a la Diputación Permanente.
Esta maniobra, realizada en plena precampaña, busca forzar una convalidación tras el fracaso parlamentario previo que precipitó el adelanto electoral.
La jornada de hoy es, en definitiva, un termómetro del hartazgo ciudadano.
Mientras los sindicatos mayoritarios son criticados por su cercanía al poder, la calle exige medidas contundentes contra el rentismo y la pérdida de poder adquisitivo, problemas que el Gobierno ha sido incapaz de resolver durante toda la legislatura.
