El Gobierno de Pedro Sánchez se juega su última carta en materia de vivienda.

Tras el traumático vuelco parlamentario que obligó al adelanto electoral, el Ejecutivo ha fijado para el próximo 12 de noviembre la reunión de la Diputación Permanente con el objetivo de convalidar dos reales decretos-leyes que ya fueron rechazados anteriormente por el Congreso.

Esta votación, que tendrá lugar apenas 24 horas después de la huelga general del 11N, es vista por los analistas como un intento desesperado de Moncloa por lavar su imagen antes del arranque de la campaña electoral del 29 de noviembre.

La urgencia del Gobierno por aprobar estas medidas, que incluyen una línea de avales públicos, no oculta el hecho de que las políticas previas han sido un fracaso absoluto.

La Diputación Permanente, órgano encargado de mantener la actividad parlamentaria tras la disolución de las Cortes, se convertirá en el escenario de una batalla encarnizada.

El Gobierno, consciente de su debilidad, ha introducido modificaciones cosméticas en los textos originales, esperando que esta vez sí logren el respaldo necesario para evitar un nuevo ridículo político.

Sin embargo, la realidad es que la crisis habitacional sigue agravándose.

Los datos muestran que, desde 2021, el desajuste entre la oferta y la demanda se ha acelerado, y la incapacidad del Ejecutivo para aumentar el parque público de vivienda es cada vez más difícil de justificar.

La promesa de que esta legislatura sería la de la vivienda ha quedado en papel mojado.

La oposición y diversos sectores sociales han calificado esta maniobra como una 'cacicada' para evitar el debate pleno en el Congreso.

La estrategia de Sánchez parece ser la de imponer sus decretos por la vía rápida, ignorando el rechazo que ya manifestaron las fuerzas parlamentarias en octubre.

Mientras el Gobierno se centra en la aritmética parlamentaria, miles de ciudadanos siguen sin acceso a una vivienda asequible.

La desconexión entre las prioridades de Moncloa y las necesidades reales de la población es total, y esta votación del 12 de noviembre no es más que un parche temporal ante un problema estructural que el Ejecutivo no ha sabido gestionar.