La debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha terminado por institucionalizar una arquitectura financiera paralela.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha rebasado ya los 40.000 millones de euros en modificaciones sobre las cuentas públicas a lo largo de este ejercicio, superando cualquier registro previo en la historia democrática reciente.
Lo que en la Ley General Presupuestaria se concibe como un mecanismo tasado para imprevistos se ha transformado en la vía ordinaria para gobernar sin someterse al escrutinio del Congreso.
Este nuevo hito contable se produce en pleno colapso del ciclo presupuestario, con unas cuentas correspondientes al ejercicio 2023 que han tenido que ser prorrogadas de manera consecutiva ante la incapacidad de la coalición gubernamental para articular una mayoría estable.
Los organismos supervisores, entre ellos la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), han venido alertando de la distorsión que este modelo acarrea sobre la transparencia y la planificación macroeconómica del Estado.
Un presupuesto paralelo para sortear las Cortes
El grueso de estas alteraciones crediticias se tramita mediante acuerdos de Consejo de Ministros y transferencias internas que eluden la votación en las Cortes Generales.
Fuentes técnicas destacan que este procedimiento vacía de contenido la función primordial del poder legislativo: autorizar tanto el origen como el destino del dinero de los contribuyentes.
Mientras partidas sensibles como la carga de intereses de la deuda y diversos compromisos ministeriales se parchean mediante ampliaciones continuas, otras áreas sufren reajustes discrecionales.
Desde la oposición no han tardado en calificar esta práctica de ingeniería presupuestaria ilegítima, acusando a La Moncloa de construir unas cuentas a la carta para sostener el pulso político hasta el final de la legislatura.
Los partidos contrarios al Ejecutivo denuncian que recurrir a la prórroga sistemática resta credibilidad a los compromisos de estabilidad fiscal pactados con Bruselas y esconde las verdaderas prioridades de gasto.
La prolongación indefinida de este esquema sitúa a la administración pública en un escenario inédito de discrecionalidad.
Sin un debate riguroso sobre ingresos y gastos en sede parlamentaria, la política económica española opera bajo un régimen de provisionalidad que blinda la gestión del gabinete de Sánchez pero debilita, paso a paso, los contrapesos institucionales más elementales.
