La inteligencia artificial, presentada por el poder como una panacea, esconde riesgos de ciberseguridad que el Gobierno español no está abordando con la seriedad necesaria.

Expertos en el sector advierten que la interconexión masiva de sistemas mediante IA está creando brechas de seguridad que podrían ser explotadas por actores malintencionados, poniendo en peligro la estabilidad de servicios esenciales.

En foros especializados, se ha puesto de manifiesto que la IA no solo es una herramienta de defensa, sino un arma poderosa en manos de atacantes.

La evolución de las amenazas híbridas y el uso de IA generativa para perpetrar ciberataques han cambiado las reglas del juego, dejando a muchas empresas españolas, especialmente pymes, en una situación de vulnerabilidad extrema.

Aunque el Ejecutivo intenta vender la creación de organismos de supervisión, la realidad es que el tejido empresarial sigue sin estar preparado.

La falta de una cultura de ciberseguridad real y la dependencia de tecnologías externas sin auditorías rigurosas son una receta para el desastre.

Los ataques a infraestructuras críticas ya no son una posibilidad teórica, sino una amenaza constante.

La metodología de evaluación de seguridad lanzada por organismos oficiales llega tarde y, a menudo, resulta insuficiente ante la velocidad a la que avanzan los ciberdelincuentes.

La falta de coordinación entre las instituciones públicas y el sector privado es evidente, dejando a las empresas a su suerte frente a una amenaza que no entiende de burocracia.

Es necesario cuestionar la narrativa oficial que minimiza estos riesgos.

La seguridad digital de España no puede depender de promesas políticas o de la creación de agencias que, en la práctica, carecen de los recursos y la independencia necesarios para actuar con eficacia frente a las amenazas globales.

La ciberseguridad debe ser una prioridad absoluta, pero el Gobierno parece más interesado en el marketing tecnológico que en la protección real de los datos y las infraestructuras de los ciudadanos.

La falta de una estrategia nacional robusta frente a la 'IA ofensiva' es una negligencia que pagaremos muy cara.