La fiebre por la inteligencia artificial en España ha llevado a una inversión pública y privada superior a los 2.300 millones de euros durante el último año.

Sin embargo, esta ingente cantidad de dinero se ha movido en un entorno de opacidad regulatoria, donde la prioridad ha sido el despliegue tecnológico por encima de la protección de los derechos de los ciudadanos.

Según expertos en protección de datos, la inmensa mayoría de los sistemas de IA que toman decisiones sobre personas en España —desde la selección de personal hasta la concesión de créditos— carecen de la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) obligatoria.

Esta negligencia deja a los ciudadanos indefensos ante algoritmos que pueden discriminar o vulnerar su privacidad sin supervisión humana.

El boom de adopción, que sitúa a más del 21% de las empresas españolas utilizando IA, ha superado con creces la capacidad de las instituciones para auditar estos sistemas.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se enfrenta a un escenario donde las sanciones llegan tarde y no logran corregir una cultura empresarial que prioriza la eficiencia sobre la legalidad.

La falta de transparencia es total.

No existen estadísticas públicas fiables sobre cuántas empresas han realizado las evaluaciones de impacto necesarias, lo que sugiere que el cumplimiento normativo es, en el mejor de los casos, opcional.

Esta situación es especialmente grave en sectores sensibles como la banca y los seguros, donde los algoritmos deciden sobre la vida financiera de las personas.

El uso de la IA para la gestión de trabajadores y el acceso al empleo es otro de los puntos críticos.

La automatización de la toma de decisiones laborales sin auditorías externas permite que se perpetúen sesgos y se exploten vulnerabilidades de grupos específicos, todo bajo el amparo de una tecnología que se vende como neutral pero que carece de controles éticos.

La inversión masiva sin contrapartida regulatoria es un fracaso de gestión que pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

Mientras el gobierno celebra las cifras de inversión, la realidad es que se está construyendo un ecosistema digital basado en la falta de transparencia y la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los españoles.