La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez se desmorona bajo el peso de la realidad estadística.

Lejos de la estabilidad prometida, el mercado laboral español se ha instalado en una precariedad crónica donde la rotación es la norma y la seguridad del trabajador es una quimera.

Los datos son demoledores: la duración media de los contratos ha caído hasta los 45 días.

Esta cifra, que refleja una caída de nueve días respecto a periodos anteriores, demuestra que la temporalidad no ha desaparecido, sino que se ha transformado en una forma de contratación más volátil y menos protegida.

El fenómeno de los fijos discontinuos ha sido la herramienta estrella del Ejecutivo para maquillar las cifras de paro.

Sin embargo, el número de estos trabajadores que se encuentran en situación de inactividad se ha disparado un 78%, ocultando a miles de personas que, aunque figuran como empleados, carecen de ocupación y salario efectivo.

Esta situación es el resultado de una política económica que ha priorizado el relato sobre la eficacia.

Mientras el Gobierno presume de cifras de empleo, la realidad de los trabajadores es la de una precariedad que impide proyectos de vida a largo plazo, especialmente entre los jóvenes.

La falta de estabilidad laboral es uno de los motores que alimenta el descontento social que hoy se manifiesta en las calles.

La incapacidad del Ejecutivo para generar empleo de calidad ha dejado a una gran parte de la población en una situación de vulnerabilidad extrema, agravada por la inflación y el coste de la vida.

El fracaso de estas políticas es evidente.

La reforma laboral no ha sido más que un parche que ha ocultado la precariedad bajo nuevas etiquetas, dejando a los trabajadores en una situación de mayor incertidumbre que antes de su implementación.