El Real Decreto-ley 31/2026 marca un antes y un después en la protección social en España.

A partir del 1 de diciembre de 2026, la Ley General de la Seguridad Social reconocerá oficialmente dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes: las bajas por menopausia y por violencia de género, respondiendo a una demanda histórica de diversos colectivos sociales.

La norma no se limita a estas bajas, sino que amplía el espectro de protección en situaciones de vulnerabilidad.

Se han introducido mejoras significativas en la pensión de viudedad para parejas de hecho no inscritas que tengan hijos en común, eliminando barreras burocráticas que hasta ahora dejaban desprotegidas a muchas familias.

Asimismo, se incrementa el apoyo directo a las familias con hijos que padecen enfermedades graves.

Un punto de especial relevancia es la actualización del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

El anticipo máximo que percibirán los beneficiarios se eleva a 300 euros mensuales.

Esta medida, que se revisa de oficio sin necesidad de nueva solicitud, busca paliar los efectos del impago de pensiones alimenticias, garantizando un sustento mínimo a los menores afectados.

Ante la reciente experiencia de catástrofes como la DANA o la pandemia, el legislador ha incorporado la disposición adicional sexagésima cuarta.

Esta permite que, tras un desastre natural o extraordinario, las leyes específicas puedan asimilar a contingencia profesional prestaciones como la IT o la incapacidad permanente, ofreciendo una red de seguridad más robusta ante situaciones imprevistas.

Aunque la norma entró en vigor el 21 de octubre, su implementación es gradual.

El Ejecutivo subraya que estas medidas buscan modernizar el sistema, adaptándolo a las realidades sociales actuales y garantizando que la protección de la Seguridad Social sea efectiva, ágil y capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos en momentos críticos.